Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland.
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El documento también es enviado a la American Bar Association y pide investigación sobre explotación de inmigrantes vulnerables.
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Washington, D.C., 10 de diciembre de 2025 — El ciudadano estadounidense Samuel Sales Saraiva presentó al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, una denuncia formal relatando supuestas prácticas fraudulentas, antiéticas y potencialmente criminales cometidas por determinados abogados de inmigración en todo el país. El documento, enviado simultáneamente a la American Bar Association (ABA), solicita investigación inmediata y medidas disciplinarias contra profesionales que, según el denunciante, han estado explotando a inmigrantes en situación vulnerable.
En la denuncia, Saraiva afirma que algunos abogados vienen cobrando honorarios excesivos, presentando peticiones frívolas sin viabilidad jurídica y utilizando publicidad engañosa para atraer clientes que desconocen sus derechos. El texto destaca que, ante el miedo, la presión institucional y la falta de información, muchos inmigrantes se convierten en blancos fáciles de explotación económica.
El denunciante resalta que la conducta relatada no representa a la mayoría de los profesionales del área jurídica, pero alerta que tales prácticas aisladas manchan la credibilidad de la abogacía y contribuyen para el congestionamiento de las cortes migratorias. Enfatiza que las revisiones administrativas realizadas por la actual política de inmigración federal del Gobierno del Presidente Donald Trump, con la probable cancelación de miles de visas de residencia fraudulentas, confirmarán la necesidad de medidas correctivas.
Saraiva solicita:
– apertura de investigación formal por el Departamento de Justicia – DOJ;
– actuación conjunta con *Bar Associations para responsabilización disciplinaria;
– adopción de medidas criminales cuando corresponda;
– creación de iniciativas educativas para prevenir abusos;
– auditoría de casos sospechosos.
En justificación anexa, él resaltó actuar por conciencia y deber cívico, enfatizando que su intención es proteger la dignidad humana y fortalecer la integridad de las instituciones jurídicas, contribuyendo para la “promoción de la legalidad y de la ética”.
La denuncia fue enviada oficialmente al Departamento de Justicia y a la American Bar Association para evaluación. (Órgano equivalente a la OAB en Brasil)
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Lea aquí el texto integral:
DENUNCIA FORMAL – Sobre Prácticas Fraudulentas y Antiéticas de Abogados de Inmigración
Denunciante: URGENTE
Samuel Sales Saraiva
Destinatario:
Excelentísimo Merrick B. Garland
Secretario de Justicia de los Estados Unidos
U.S. Department of Justice
Washington, DC 20530-0001
CC:
Presidente de la American Bar Association
American Bar Association
Washington, DC 20036
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I. DEL OBJETO
Envio esta denuncia formal acerca de prácticas fraudulentas, antiéticas y potencialmente criminales perpetradas por determinados abogados de inmigración. Para fines de transparencia, informo que copia de esta denuncia está siendo simultáneamente enviada a la American Bar Association.
II. DE LOS HECHOS
- Relatos indican que algunos abogados de inmigración han inducido a inmigrantes irregulares a pagar honorarios excesivos por beneficios migratorios sin fundamento legal o factual.
- Para justificar tales cobros, presentan peticiones frívolas, basadas en narrativas inconsistentes e inverosímiles, sin posibilidad real de éxito.
- Utilizan publicidad engañosa y persuasiva, creando expectativas falsas.
- Tales prácticas violan normas éticas y configuran estafa al inducir a personas vulnerables a error para obtener ventaja económica.
- Las revisiones administrativas de los procesos migratorios, bajo la conducción de la Administración del Presidente Donald Trump —incluyendo análisis retroactivos de green cards concedidos durante la administración Biden— tienden a revelar casos irregulares, confirmando la gravedad de la denuncia y contribuyendo al congestionamiento de las cortes de inmigración.
- Esas prácticas explotan a inmigrantes vulnerables, drenan sus recursos y agravan su situación legal.
III. PERJUICIO A LA ABOGACÍA
Tales prácticas no representan a la mayoría de los abogados, que actúan con ética y dignidad. Sin embargo, la conducta ilícita de algunos mancha injustamente la imagen de la clase y perjudica la confianza pública en el sistema jurídico.
IV. ENCUADRAMIENTO LEGAL
Las conductas pueden violar:
– Leyes federales de fraude y declaraciones falsas;
– Códigos de Ética de las Bar Associations;
– Reglas contra publicidad engañosa;
– Normas que prohíben peticiones frívolas;
– Deberes de honestidad, diligencia y lealtad.
V. DE LOS PEDIDOS
Se requiere:
- Apertura de investigación formal;
- Cooperación con Bar Associations para medidas disciplinarias;
- Procedimientos administrativos y criminales cuando corresponda;
- Medidas educativas para proteger a inmigrantes;
- Defensa pública de la integridad de la abogacía;
- Auditoría prioritaria de casos sospechosos.
VI. CONCLUSIÓN
La presente denuncia busca proteger a individuos vulnerables y resguardar la integridad del sistema jurídico.
VII. JUSTIFICATIVA
Presento esta manifestación con plena conciencia de la responsabilidad inherente al ejercicio de la ciudadanía, responsabilidad que trasciende la ocupación de cargos públicos o mandatos electivos. Se trata de un deber moral y constitucional de cualquier ciudadano que comprende que la dignidad humana y la integridad de las instituciones son bienes jurídicos indisponibles que deben ser protegidos siempre.
La iniciativa aquí presentada se fundamenta en la convicción de que no basta que el ciudadano sea un observador pasivo frente a situaciones que puedan caracterizar abuso, explotación o violación de derechos fundamentales. Al contrario, el ordenamiento democrático incentiva y presupone la participación activa de la sociedad en la promoción de la legalidad y la defensa de los valores civilizatorios.
Es en ese contexto que se vuelve necesario destacar que los inmigrantes en situación documental irregular son, histórica y cotidianamente, un grupo particularmente vulnerable a:
• presiones institucionales;
• miedo e inseguridad jurídica;
• ausencia de información calificada;
• y, lamentablemente, prácticas abusivas de algunos profesionales que desvían su actuación del deber ético y fiduciario que rige la abogacía.
Súbase, sin embargo, que la presente denuncia no busca, de ninguna manera, manchar a la abogacía como institución, cuyo papel es indispensable para la administración de Justicia. Al contrario, su propósito es preservar la integridad y nobleza de la función, apartando y disciplinando conductas que disuenen de los principios éticos que orientan la profesión.
También es importante afirmar que no hay aquí intención de criminalizar inmigrantes, sino de proteger a seres humanos que, por su propia condición de desamparo, se convierten en blancos fáciles de explotación económica, emocional o jurídica. La Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y los principios de ética pública convergen en la obligación de garantizar que todos tengan acceso al mínimo de dignidad, respeto e información.
Esta iniciativa no tiene como objetivo visibilidad personal, ni representa búsqueda de protagonismo. Está movida por el compromiso ético con la verdad, por el sentido de responsabilidad social y por la comprensión de que la ciudadanía exige coraje moral para señalar lo que necesita ser corregido y mejorado, incluso cuando eso significa romper el silencio cómodo que históricamente encubre injusticias.
Así, la presente denuncia es presentada con carácter preventivo y educativo, buscando alertar a autoridades competentes sobre prácticas que, a veces, pasan desapercibidas, no por inexistir, sino por falta de quien esté dispuesto a registrarlas de manera responsable, fundamentada e imparcial. Se trata de un gesto estrictamente cívico, orientado por el interés público y por la defensa de la dignidad humana — valores que considero innegociables y esenciales para el perfeccionamiento de la democracia y la Justicia.
Respetuosamente,
Samuel Sales Saraiva
Ciudadano de los EE.UU.
Washington, DC. 08 de diciembre de 2025