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ICE cumple la ley y deporta a una mujer embarazada. Seguramente, ningún agente de la ley trataría a un prisionero con deshumanidad — mucho menos a una mujer embarazada. Sin embargo, la condición de embarazo nunca ha constituido un impedimento para el cumplimiento de medidas legales, incluso en situaciones extremas, siempre que se ejecuten de manera respetuosa y dentro de los parámetros establecidos por la ley, observando los protocolos internacionales.
Es fácil tener hijos y transferir el costo de esa decisión a otras naciones. Pero existe un límite que no debería ser superado: el límite del sentido común, de la responsabilidad y del respeto a las normas que organizan la vida en sociedad.
Ayudar a personas en situación de necesidad es un deber humanitario. Sin embargo, utilizar el nacimiento de hijos como una forma de engañar las leyes migratorias — garantizando la ciudadanía a los descendientes y, posteriormente, la permanencia legal en el país cuando alcanzan la mayoría de edad — es algo completamente distinto.
Cuando este tipo de práctica termina siendo recompensada, se crea la percepción de que el sistema está siendo explotado, y no respetado. Y si la violación intencional y repetida de las leyes pasa a ser tolerada o incluso incentivada, surge una pregunta simple: ¿cuál es el sentido de que existan leyes que no se cumplen?
Si la sociedad decide aceptar este tipo de situación, tal vez sería más honesto derogar estas normas y asumir, de manera abierta, una política de fronteras totalmente abiertas.
Existen numerosos reportes de inmigrantes que dejan esposas e hijos en sus países de origen, cruzan la frontera y, ya en el país de destino, comienzan a formar nuevos núcleos familiares — incluso viviendo en condiciones de extrema dificultad económica. Esta realidad plantea dudas importantes sobre la responsabilidad individual, el impacto social y el respeto a las reglas que todos deberían seguir.
Para muchos contribuyentes, es difícil aceptar que decisiones personales generen costos sociales pagados por toda la población. La asistencia humanitaria continúa siendo necesaria y legítima. Pero cuando prácticas destinadas a engañar la ley generan beneficios indirectos, surge la percepción de injusticia y de debilitamiento de las instituciones.
Las leyes no son eternas. Cuando existen vacíos legales, deben ser discutidos y, si es necesario, corregidos mediante el proceso legislativo. Una de las propuestas debatidas es que el estatus migratorio de los hijos acompañe el de sus padres. Países como Suiza son frecuentemente citados como ejemplo de políticas migratorias más claras y previsiblesen este aspecto.
Quienes defienden este tipo de práctica deberían estar dispuestos a asumir con sus propios recursos — ofreciendo vivienda, educación y sustento — sin transferir esa responsabilidad a toda la sociedad.
Este tipo de práctica es generalizado. Individuos que públicamente se presentan como honestos, cumplidores de la ley e incluso religiosos llegan a los Estados Unidos y deliberadamente explotan vacíos legales para evadir las leyes migratorias — aprovechándose del sistema de forma calculada y oportunista.
Un verdadero religioso no violaría leyes terrenales bajo ningún pretexto; aun así, la hipocresía prevalece de manera evidente.
Esto es inmoral, inaceptable e injusto.
La nación necesita ser protegida sin disfraces ni apelaciones emocionales.
En un nivel más avanzado de conciencia legal, correspondería a los legisladores revisar las políticas existentes, incluyendo la posibilidad de que el estatus de ciudadanía de los hijos acompañe el de sus padres, asegurando que posean la misma nacionalidad por derecho.
La amenaza a la estructura de la nación es real y grave; la oportunidad de corrección es histórica e inaplazable.
Adecuar las leyes a la realidad es la única forma de contener violaciones estructurales que facilitan e incentivan prácticas que pueden hacer naufragar a la nación en el océano de la impunidad y el descrédito.
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